Desaparecido el Cabildo Puntano hacia mediados del año 1.829, sus atribuciones fueron repartidas en la forma que da idea el Estatuto Provisorio sancionado el 07 de enero de 1.832, en el capítulo referido al Poder Ejecutivo.

Así se establece que es de la inspección del Supremo Gobierno nombrar el Ministerio de Hacienda, Administrador de Correos y receptor de propios en distintos sujetos que no tengan con él parentesco inmediato. También ese primitivo texto determina: “El ejercicio del Juez de Policía, que debe haber, queda al cargo de los Jueces ordinarios por no permitir las circunstancias la creación de ese funcionario.” Dichos jueces, como asimismo los Defensores de Pobres y Menores, debían ser nombrados por la Sala de Representantes.

El 16 de diciembre de 1834, reunidos los Diputados en Congreso Soberano; “Después de discutido con bastante energía por los Señores Representantes, si los empleos del Juez de Policía y Tribunal de Comercio pertenecía al Poder Ejecutivo o no, en razón de haberlos habido en la Provincia, resultó pluralidad de sufragios que ellos sean creados para el mejor servicio de la Administración Pública. Y en consecuencia resolvió que el Poder Ejecutivo sea quien los deba nombrar ahora y en lo sucesivo, y quien les asignaba sus atribuciones, para todo lo cual se autoriza el modo más solemne.

PRIMER JUEZ DE POLICIA

No se ha hallado las constancias del nombramiento hecho por el Gobernador Don JOSÉ GREGORIO CALDERON, pero el 15 de Enero de 1.835, Don Cornelio Lucero le ofició, como Juez de Policía, para señalar los tropiezos que advertía en el Cuartel de Infantería, al pretender sacar los presos para que trabajasen en obras públicas.

FACULTADES POLICIALES

Correspondió al Gobernador Don Pablo Lucero, fijar el 06 de Diciembre de 1.845, las facultades de Juez o Intendente de Policía. Lo hizo considerando que “es un Jefe electo por el Poder Ejecutivo para que desempeñe exactamente en todos aquellos ramos de policía y buen orden, y que esté a la vigilancia de hacer efectivo los mandatos de buen gobierno para el mejor orden de la ciudad y su jurisdicción, bajo el título de Intendente de Policía, cuya atribuciones son puramente peculiares a este Jefe, por ser la persona en que el Gobierno descansa en las cosas mecánicas a las que sus principales atenciones no les permiten atender”.

Guardar el orden público tanto de día como de noche, velar por el aseo, la limpieza y el justo peso y medida de los artículos de consumo diario, vigilar la limpieza y el orden en las calles y de las acequias, impedir que los peones carguen cuchillo u otra clase de armas cualesquiera sea su naturaleza y que no les pertenezca por su clase.

Eran algunas de las facultades que el Intendente de Policía debía asumir, como una prolongación efectiva de los Cabildos seculares.

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